Ante alrededor de medio centenar de personas, entre las que se encontraban, entre otros, el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, el decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, o el letrado Miguel Ángel Martínez, miembro del Colegio de Alicante, en cuyo nombre planteó varias cuestiones, compareció ayer la consellera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, en el marco de los «Diàlegs d´Estiu» que se están desarrollando en la sede de la Universidad. Un foro en el que la consellera advirtió que no venía a llorar aunque precisó que «es un hecho que he heredado una casa en ruinas». En un tono de charla entre profesionales que se conocen desde hace tiempo, la consellera hizo hincapié en la necesidad de un sistema judicial fuerte, máxime en un contexto de crisis, aunque admitió que, en lo tocante a las infraestructuras, hay proyectos con los que una Comunidad que debe 46.000 millones no se puede permitir soñar, como es levantar una Ciudad de la Justicia. Bravo fijó las reforma de los juzgados de Benalúa «para esta legislatura» y anunció que la comunicación telemática, un paso más del expediente digital, comenzará ponerse en marcha en septiembre en los juzgados de Gandía y después se irá implantando progresivamente «partido a partido». Haberlo hecho antes, precisó la consellera, «habría sido un caos».

Sobre la decena de juzgados proyectados que los recortes se llevaron por delante, Bravo afirmó que para saber qué va a pasar con ellos primero es necesario que haya gobierno.

Fuente: Periodico Informacion