JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ. De aparcamiento a almacén de escombros. Éste es el estado en el que se encuentra el solar en el que está previsto que se levante la futura Ciudad de la Justicia de Alicante, un proyecto que lleva coleando más de doce años, y en plena etapa de recortes y ajustes presupuestarios no se sabe cuándo acabará siendo una realidad. Todos los consellers que han pasado por la cartera de Justicia a lo largo de estos años han dicho que era un proyecto prioritario, pero ninguno ha sido capaz de sacarlo adelante. Los agravios entre el colectivo judicial alicantino son evidentes, dado que Alicante es la única capital de provincia de la Comunidad que no cuenta con Ciudad de la Justicia, mientras que en Valencia y Castellón se han inaugurado a lo largo de la última década unos flamantes y modernos nuevos edificios. Paralelamente, en estos años se ha visto como se ponían en marcha nuevas sedes también en Elche, Ibi, Alcoy (pendiente de inaugurar), San Vicente o Benidorm. Sin embargo, el proyecto de Alicante siempre iba quedando relegado. Hasta que han acabado pasando la friolera de doce años desde que empezó a tramitarse.

El conseller de Justicia, Jorge Cabré, ha anunciado por activa y por pasiva que para él el proyecto es una prioridad para esta legislatura. Pero lo cierto, es que las previsiones más optimistas apuntan a que el nuevo edificio no podrá estar acabado hasta el año 2014. El proyecto tiene prevista una inversión de 42 millones de euros a repartir en tres años. La intención de la Conselleria de Justicia es que una empresa privada asuma el coste de la obra a cambio de hacerse con la gestión de todos los servicios no judiciales del edificio. Este incluiría cafeterías y restaurantes, servicio de guardería, librerías jurídicas, así como la limpieza y los suministros informáticos. La idea de explotar un aparcamiento comercial en los bajos del edificio ha sido descartada por motivos de seguridad.

Todos los escollos administrativos ya habían sido superados y se esperaba que la primera piedra pudiera colocarse en febrero de este año. La última actuación que se hizo en la parcela fueron las obras de acceso a las futuras instalaciones y que se financiaron con el llamado Plan E del Gobierno Central. Los escombros que se generaron en estas obras, pueblan hoy la parcela del futuro Palacio de Justicia. Las vallas que impiden el acceso a la parcela se han convertido en un improvisado lugar donde empresas de carpintería, instaladoras de aire acondicionado y hasta de créditos rápidos anuncian sus servicios. Todo un presagio, dado el carácter privatizador hacia el que ha girado el proyecto. La seguridad de la valla tampoco es que sea muy efectiva, ya que, la parcela es un lugar donde muchos sacan a sus perros para poder hacer sus necesidades, por lo que los excrementos también pueblan el recinto.

"Como llevamos más de doce años pendientes de este proyecto, cualquier inversión por parte de la Conselleria para acondicionar las dependencias se consideraba un derroche", explican a este diario fuentes del Palacio Justicia. Por ello, es más bien poco los trabajos que se han hecho en los edificios de la Audiencia y de Benalúa. El deterioro en el que se encuentran es tal que hasta el Consejo General del Poder Judicial urgió a la Conselleria a que habilitara una sede provisional hasta que el edificio estuviera terminado. Una reclamación que no se ha atendido.
En el edificio de la Audiencia, han visto con preocupación como este año parte de las cornisa ha caído a la vía pública, mientras que gran parte del mobiliario se remonta a la etapa de la dictadura franquista, periodo en el que fue inaugurado el edificio. En las dos sedes judiciales, no hay sitio para un solo juzgado más. De hecho, uno de los motivos por los que la Conselleria de Justicia ha renunciado a crear más juzgados en Alicante es porque se vería obligada a alquilar locales y habilitarlos.

Los retrasos en la tramitación urbanística del proyecto alcanzaron su punto culminante hace cinco años cuando en la parcela se acabó habilitando un parking explotado por una empresa privada. Los magistrados llegaron a plantearse el pedir un cambio de ubicación del proyecto para lograr mayor agilidad. La alternativa propuesta por el Ayuntamiento fue Rabasa, hecho que generó un amplio rechazo entre los colectivos judiciales, por lo que al final se acabó optando por la opción de Benalúa.

Fuente: Información.es » Alicante