Las operadoras de telefonía móvil quieren tranquilizar a los vecinos de Benalúa. Tras conocer que se ha iniciado una recogida de firmas entre residentes de la barriada y que hay preocupación por la proliferación de las mismas, un portavoz de las instalaciones que tienen en Alicante Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo, Carlos Cernuda, advertía de que no hay nada que temer: «Los vecinos deben de estar tranquilos porque todas las antenas del barrio, y también todas las que hay en Alicante, cumplen de forma estricta la normativa de niveles de emisiones».

Carlos Cernuda insiste en la inocuidad de las instalaciones que proliferan en los tejados de decenas de edificios de la ciudad. «Todas las antenas emiten varios miles de veces por debajo de los niveles que recomienda el Ministerio», incide el portavoz de las operadoras.

A la vez, expone que todas las antenas «están visadas por técnicos independientes». Cernuda insiste en que una de las reivindicaciones que efectúan las operadoras de telefonía móvil es que sean personas independientes y conocedoras de la materia las que hagan las mediciones, científicos o técnicos, insiste el portavoz de las empresas.

Los vecinos de Benalúa alertaban de la cercanía a las antenas de una plaza pública, la de Navarro Rodrigo, y que en el radio de acción de las antenas hay otros tres colegios: el Carlos Aguilera, el Benalúa y el San Juan Bautista. Consideran que se trata de zonas sensibles y recuerdan que la ordenanza municipal impide que se instalen los receptores próximo a lo que se consideran puntos sensibles, como hospitales, centros educativos, deportivos, guarderías y paseos y plazas públicas.

Zonas sensibles

Sin embargo, las operadoras luchan porque se elimine el concepto de «zona sensible» ya que les parece que no tiene sentido. «La sensibilidad debe ser general. No tiene sentido que un colegio se proteja porque un niño está ocho horas y luego cuando se va a su casa ¿qué?», se preguntan las compañías de móviles.

«Nos parece absurdo que haya una zona de seguridad, que se creen y se marquen zonas», insiste Cernuda, quien señala que «cualquier barrio es seguro». Se pregunta qué ocurre entonces con los repetidores de radio y de televisión.

Las mercantiles de telefonía móvil creen, además, que los ayuntamientos no son los competentes para decidir en qué puntos se puede o no colocar una antena. Consideran que debe de ser el propio Estado el que lo haga y, de hecho, el portavoz de las empresas reconoce que recurren todas las normativas que se gestan en el seno de los propios ayuntamientos: «Pensamos que ese tipo de ordenanzas tiene que evolucionar. Subyace el miedo y las autoridades lo que hacen es recoger ese miedo y se limitan a poner límites por precaución. Nosotros trabajamos para quitar ese miedo porque se emite por debajo incluso de los niveles que marca la Unión Europea», asegura.

Ordenanzas

Según apunta, en el territorio nacional hay 600 ordenanzas diferentes que regulan la instalación de las antenas. Aunque insiste en que las compañías entienden que la única competencia es del Ministerio de Fomento. De hecho, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelve que la ordenanza de Málaga no tiene competencias para regular las distancias a las que se sitúan las antenas.

Las operadoras se basan en un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1998 que recogió todos los estudios efectuados hasta entonces sobre campos electromagnéticos. Expone que el cumplimiento de esta recomendación, garantiza la protección sanitaria de la población.

Y advierten de que la potencia con la que emite una estación de telefonía móvil es de unos 30 watios: la de un microondas es de 800 watios, una estación de televisión, entre 100.000 y 500.000 watios y una de radio, puede llegar a los 2.000.000 de watios.

Por su parte, técnicos municipales reconocen que las sentencias están dando la razón a las operadoras en cuanto que las competencias son del Estado.

Fuentes municipales reconocen estar a la espera de que haya una resolución definitiva que permita que sea el Ministerio de Fomento el que tenga la responsabilidad, mientras que los Ayuntamientos seguirán dando las licencias de obra; pero siempre con certificados y con visados efectuados por el Ministerio de Fomento.

Fuente: Periodico La Verdad